De acuerdo a los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la matriz energética de la región, la participación de los combustibles fósiles es de cerca del 75%, y 44% en el caso de la generación eléctrica y más del 90% en el transporte.
Igualmente, menciona que el ODS 12 es de gran importancia ya que en América Latina y el Caribe no se ha logrado aún un desacople entre el crecimiento económico y el uso de recursos. En ese sentido, es esencial fomentar el uso eficiente de los recursos a través de patrones de consumo y producción sostenibles; construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente; mejora del acceso a los servicios básicos; y la creación de empleos que ayuden a reducir el impacto ambiental de empresas, sectores y economías.[1]
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[2], identificó que el ODS 12 se encuentra asociado a los siguientes derechos:
Derecho a la salud incluyendo el derecho a un medioambiente seguro, sostenible, limpio y saludable en el art. 25(1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos (UDHR) y el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR).
Derecho al agua potable, al saneamiento y a una alimentación adecuada en el art. 25(1) de la UDHR y art. 11 del ICESCR.
Derecho de los pueblos a disponer libremente de sus recursos naturales en el art. 1(2)del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y art. 1(2) del ICESCR.
En la Agenda Nacional 2030 para los ODS Honduras, el objetivo número 12 sobre la producción y consumo responsable contiene metas referentes a lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos a lo largo de su ciclo de vida. Asimismo, la reducción de la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.[3]
En la Agenda Nacional 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Honduras, la Meta 12.4 contiene información sobre el logro de la gestión ecológicamente racional de los productos químicos.[4]
La Meta 12.4 de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras está adaptada de la meta internacional ODS siguiente: 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.
El indicador 12.4.1 de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras fue adaptado del indicador internacional siguiente: 12.4.1 Número de partes en los acuerdos ambientales multilaterales internacionales sobre desechos peligrosos y otros productos químicos que cumplen sus compromisos y obligaciones de transmitir información como se exige en cada uno de esos acuerdos.
En la Agenda Nacional 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Honduras, la Meta 12.5 contiene información acerca de la tasa nacional de reciclado.[5]
La meta 12.5 de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras está adaptada de la meta internacional ODS siguiente: 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
El indicador 12.5.1 Tasa nacional de reciclado de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras fue adaptado del indicador internacional siguiente: 12.5.1 Tasa nacional de reciclado, en toneladas de material reciclado.
Los mecanismos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos son órganos que vigilan y monitorean el cumplimiento de las obligaciones y compromisos aceptados por los países derivados de tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.[6]
El Estado de Honduras recibió 3 recomendaciones de mecanismos internacionales en derechos humanos vinculadas al objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 12 sobre producción y consumo responsables, las cuales fueron emitidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR); Examen Periódico Universal (EPU); y Comité de los Derechos del Niño (CRC).