Según las Naciones Unidas, las amenazas de homicidio intencional, la violencia contra los niños, la trata de personas y la violencia sexual, son temas importantes que debe ser abordados para crear sociedades pacíficas e inclusivas. Allanan el camino para la provisión de acceso a la justicia para todos y para la construcción de instituciones efectivas y responsables en todos los niveles.
Igualmente menciona que si bien los casos de homicidios y trata de personas han experimentado un progreso significativo en la última década, todavía hay miles de personas en mayor riesgo de homicidio intencional en América Latina, el África subsahariana y Asia.[1]
En la región de America Latina y el Caribe, la tasa de homicidios es de 22,1 personas por cada 100.000 habitantes; la tasa de asaltos es de 229,5 por cada 100.000 habitantes; y la tasa de violencia sexual es de 60,6 por cada 100.000 habitantes. Asimismo, en 19 países 2,559 mujeres fueron víctimas de feminicidio o femicidio en 2017, estos son algunos datos importantes respecto al ods 16 que muestra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).[2]
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[3], identificó que el ODS 16 se encuentra asociado a los siguientes derechos:
Derecho a la vida, la libertad y seguridad personal en el art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR); arts. 6(1), 9(1) del Pacto Internacional de Civiles y Políticos (ICCPR).
Protección de los niños de todas las formas de violencia, abuso o explotación en los arts. 19, 37(a) de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), entre otros.
Derecho de acceso a la justicia y al debido proceso en los arts. 8 y 10 de la UDHR; arts. 2(3), 14-15 de la ICCPR; y art. 2(c) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
Derecho a la personalidad jurídica en el art. 6 de la UDHR; art. 16 del ICCPR; y art. 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad CRPD.
Derecho a participar en asuntos publicos ene el art. 21 de la UDHR y art. 25 del ICCPR.
Derecho de acceso a la información art. 19 de la UDHR y art. 19(1) del ICCPR.
En la Agenda Nacional 2030 para los ODS Honduras, el objetivo número 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas incluye indicadores, que miden la situación de inseguridad ciudadana, a través de la tasa de homicidios, el índice de control de la corrupción, la calidad de las instituciones públicas, el manejo adecuado de las finanzas del gobierno y el acceso a la justicia.
Además, incluye indicadores relacionados con el cumplimiento del país en materia de derechos humanos, que contribuyen a la gobernabilidad y por consiguiente a la mejora del clima de inversión.[4]
En la Agenda Nacional 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Honduras, la Meta 16.1 contiene información sobre la situación de inseguridad ciudadana, a través de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en un periodo determinado.[5]
La Meta 16.1 de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras está adaptada de la meta internacional ODS siguiente: 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
El indicador 16.1.1 de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras fue adaptado del indicador internacional siguiente: 16.1.1 Número de víctimas de homicidios dolosos intencionales por cada 100.000 habitantes, por grupo de edad y sexo.
Definición: Mide el número de muertes violentas intencionales de una persona provocada por un agresor; incluye el homicidio simple, asesinato, infanticidio y parricidio por cada 100 mil habitantes.[6]
La tasa de homicidios es de 22.1 personas por cada 100.000 habitantes a nivel regional. En el caso de Honduras la tasa de homicidio es de 44.24 por cada 100 mil habitantes al cierre del año 2019, de acuerdo a los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL).[7]
Uno de los mensajes de la CEPAL, es que las instituciones nacionales de derechos humanos deben participar activamente en el seguimiento de la Agenda 2030, reflejando los estándares de derechos humanos en las políticas públicas vinculadas al ODS 16.[8]
En la Agenda Nacional 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Honduras, la Meta 16.3 contiene información sobre la situación de inseguridad ciudadana, a través del procentaje de personas que son privadas de su libertad sin sentencia.[9]
La meta 16.3 de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras está adaptada de la meta internacional ODS siguiente: 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
El indicador 16.3.2 Porcentaje de privados de libertad sin sentencia de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras fue adaptado del indicador internacional siguiente: 16.3.2 Proporción de detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la población reclusa total.
En la Agenda Nacional 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Honduras, la Meta 16.5 contiene información sobre la situación de inseguridad ciudadana, a través del control de la corrupción.[10]
La meta 16.5 de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras está adaptada de la meta internacional ODS siguiente: 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
El indicador 16.5.1 de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras fue adaptado del indicador internacional siguiente: 16.5.1 Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses.
Definición: El indicador mide las percepciones del grado en que se ejerce el poder público para beneficio privado, incluidas las formas menores y grandes de corrupción.[11]
La CEPAL menciona que la corrupción está instaurada en todas las instancias y niveles en la región.[12] Mientras que la ONU estima que la corrupción, soborno, robo y evasión impositiva cuestan alrededor de US $ 1,26 billones para los países en desarrollo por año.[13]
El Índice de percepción de la Corrupción en Honduras fue de 29 puntos al año 2018, de acuerdo a la publicación de la Organización para la Transparencia Internacional.[14]
En la Agenda Nacional 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Honduras, la Meta 16.6 contiene información sobre la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones.[15]
La meta 16.6 de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras está adaptada de la meta internacional ODS siguiente: 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
Los dos indicadores de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras fueron adaptados de los indicadores internacionales siguientes:
16.6.1 Gastos primarios del gobierno en proporción al presupuesto aprobado originalmente... desglosados por sector (o por códigos presupuestarios o elementos similares).
16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos.
Definición: Mide la calidad y el entorno institucional; comprendiendo el marco legal y administrativo de las instituciones públicas y privadas por el cual las personas, empresas y gobiernos interactúan. Asimismo, evalúa reglas y procedimientos para realizar cualquier actividad económica y se encuentra incluido dentro del Pilar 1 de los 12 pilares del Índice de Competitividad Global (ICG).[16]
Según los datos del Foro Económico Mundial, al 2019 Honduras presentó un Índice Competitividad Global de 43.8 en su componente de instituciones, llegando a la posición 116 de 141 economías con disponiblilidad de datos.[17]
En la Agenda Nacional 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Honduras, la Meta 16.9 contiene información sobre los menores de 5 años con nacimiento registrado.[18]
La meta 16.9 de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras está adaptada de la meta internacional ODS siguiente: 16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.
El indicador 16.9.1 de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras fue adaptado del indicador internacional siguiente: 16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil, desglosada por edad.
Definición: Expresa el porcentaje de menores de 5 años con nacimiento registrado. Refiriéndose a la inscripción de nacimiento como el asiento registral, extendido por el encargado del Registro Civil.[19]
Según estadísticas de las Naciones Unidas se ha registrado el nacimiento del 73% de los niños menores de 5 años en el mundo.[20] En el caso de Honduras el porcentaje es de 94% a nivel nacional de acuerdo a la Encuesta de Demografía y Salud 2011-2012.
En la Agenda Nacional 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Honduras, la Meta 16.10 contiene información relacionada con el cumplimiento del país en materia de derechos humanos, que contribuye a la gobernabilidad y por consiguiente a la mejora del clima de inversión.[21]
La meta 16.10 de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras está adaptada de la meta internacional ODS siguiente: 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
El indicador 16.10.1 de la Agenda 2030 para los ODS de Honduras fue adaptado del indicador internacional siguiente: 16.10.1 Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, en los últimos 12 meses.
Definición: Refleja el porcentaje de Casos de Medidas de Protección (CMP) que se mantuvieron en el ejercicio de su labor durante el año, en los cuales no se aplicó reubicación temporal por riesgo inminente.[22]
La CEPAL menciona que en América Latina y el Caribe, uno de los grandes desafíos que existe es la criminalización de la protesta; libertad de expresión y participación; discriminación y explotación diversas; y las detenciones arbitrarias por parte de agentes de seguridad pública.[23]
Al cierre del año 2018 habían 148 casos de solicitudes de medidas de protección y cautelares admitidos para periodistas; defensores de derechos humanos; comunicadores sociales; y operadores de justicia, de los cuales el 100% se mantuvieron en el ejercicio de su labor.[24]
Los mecanismos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos son órganos que vigilan y monitorean el cumplimiento de las obligaciones y compromisos aceptados por los países derivados de tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.[25]
El Estado de Honduras recibió 256 recomendaciones de mecanismos internacionales en derechos humanos vinculadas al objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 16 sobre Paz, justicia e instituciones sólidas, de esas, más del 50% fueron formuladas por Examen Periódico Universal (EPU) y el Comité Contra la Tortura (CAT).