La expresión “personas con discapacidad” es la que se considera más adecuada, tanto para los organismos internacionales como por las organizaciones de personas con discapacidad, para designar con respeto y precisión a quienes por una particularidad biológico-conductual padecen exclusión y se ven obligadas a superar obstáculos impuestos y desventajas creadas por la sociedad para ejercer sus derechos, llevar una vida digna y lograr su plena integración al desarrollo.
Complementariamente, el concepto de discapacidad acuñado en la Convención reconoce que ésta no es una condición en sí misma, sino que se manifiesta en la interacción con obstáculos en el ejercicio de los derechos.
De acuerdo con el artículo 9 de la Convención, la accesibilidad no sólo es física, sino de información y comunicaciones, lo que implica que, para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, el Estado debe adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso en igualdad de condiciones con las demás personas: el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones; y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Algunos de los derechos que requieren de especial atención con respecto a las personas con discapacidad son los siguientes:
Derecho a la salud
Derecho a la educación
Trabajo en igualdad de condiciones
Seguridad social
Acceso a la justicia
Credito de la foto: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). Dirección de Discapacidad.
Definición: Expresa el porcentaje de personas con discapacidad visual, auditiva, verbal o motriz, por municipio, según el levantamiento de información del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) en el periodo 2018-2019.
Fuente: Registro Único de Participantes (RUP) - Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS).[9]
Descripción: Representa el porcentaje de hombres y mujeres de 18-49 años con al menos una discapacidad, por departamento, según la ENDESA/MICS, 2019. Se incluyen las siguientes las discapacidades: vista; audición; caminar; autocuidado; comunicación; y recordar.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Muestra el porcentaje de hombres y mujeres de 18-49 años con al menos una discapacidad, por rangos de edad y sexo, según la ENDESA/MICS, 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Representa el porcentaje de hombres de 18-49 años con al menos una discapacidad, por tipo de discapacidad y departamento, según la ENDESA/MICS, 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Refleja el porcentaje de mujeres de 18-49 años con al menos una discapacidad, por tipo de discapacidad y departamento, según la ENDESA/MICS, 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Muestra el porcentaje de niños de 2 a 4 años con alguna discapacidad, por departamento, según la ENDESA/MICS, 2019. A nivel general, el 6% de los niños en ese rango de edad tiene alguna discapacidad. Los porcentajes más altos se encuentran entre los niños de madres con discapacidad (10%), y entre los que viven en el departamento de Yoro (8%). Se incluye la discapacidad: Visual; Auditiva; Caminar; Motriz fina; Comunicación; Aprendizaje; Juego; y Control de la conducta.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Representa el porcentaje de niños de 2 a 4 años que tienen alguna discapacidad, por etnia del jefe de hogar y tipo de discapacidad, según la ENDESA/MICS, 2019
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Representa el porcentaje de niños de 2 a 4 años que tienen alguna discapacidad, por asistencia a educación para la primera infancia y tipo de discapacidad, según la ENDESA/MICS, 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
El derecho a la educación cuenta con el estándar de accesibilidad en donde establece que, las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a, todas las personas sin discriminación. Asimismo, la educación debe ser accesible a todas las personas especialmente a los grupos vulnerabilizados y sin discriminación por ningún motivo, en donde se incluyen personas con discapacidad.
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que “los Estados Partes deben velar por que las personas con discapacidad tengan acceso en condiciones de igualdad a una educación inclusiva y a un proceso de aprendizaje durante toda la vida, que incluya el acceso a instituciones de enseñanza primaria, secundaria, terciaria y profesional.
Definición: Representa la cantidad de personas con discapacidad que se matricularon en un centro de educación en el año 2020 que tuvieron problemas de aprendizaje; problemas visuales; problemas de audición y lenguaje; y discapacidad física.
Fuente: Secretaría de Educación (SEDUC)
Descripción: Representa el porcentaje de mujeres de 18-49 años con al menos una discapacidad, tipo de discapacidad y nivel educativo, según la ENDESA/MICS, 2019. Se incluyen las siguientes las discapacidades: vista; audición; caminar; autocuidado; comunicación; y recordar.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Representa el porcentaje de hombres de 18-49 años con al menos una discapacidad, tipo de discapacidad y nivel educativo, según la ENDESA/MICS, 2019. Se incluyen las siguientes las discapacidades: vista; audición; caminar; autocuidado; comunicación; y recordar.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Muestra el porcentaje de niños que asisten a la educación básica 1 - 6 y que son menores que la edad oficial, de los que tienen edad oficial y de aquellos con extra edad de 1 y 2 o más años para el grado, por dificultad funcional de la madre, según la ENDESA/MICS, 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Muestra el porcentaje de niños que asisten a la educación básica de 7 - 9 y que son menores que la edad oficial, de los que tienen edad oficial y de aquellos con extra edad de 1 y 2 o más años para el grado, por dificultad funcional de la madre, según la ENDESA/MICS, 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Porcentaje de niños y niñas en edad de asistir a educación media que asisten a educación media o superior (tasa neta de asistencia ajustada), porcentaje que asisten a educación básica 7 - 9, básica 1 - 6 y porcentaje que no asisten al centro, por dificultad funcional de la madre, según la ENDESA/MICS, 2019
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Muestra las tasa bruta de ingreso y tasa de conclusión de educación básica 1 - 6, tasa de transición efectiva a educación básica 7 - 9, tasa bruta de ingreso y tasa de conclusión de la educación básica 7 - 9 y tasa de conclusión de la educación media, por dificultad funcional de la madre, según la ENDESA/MICS, 2019
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Muestra los índices de paridad de niñas a niños, en educación básica 1-6, básica 7-9 y media, por dificultad funcional de la madre, según la ENDESA/MICS, 2019. Los índices de paridad adicionales son razones simples que deben calcularse manualmente, por ejemplo:
"Riqueza: Tasa de asistencia neta ajustada de los niños en el quintil más pobre de la población de los hogares dividido por la Tasa de asistencia neta ajustada de los niños en el quintil más rico de la población de los hogares".
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Definición: Muestra la razón de tasas netas ajustadas de asistencia de niños, en educación básica 1-6, básica 7-9 y media, por discapacidad de la madre, según la ENDESA/MICS, 2019
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Definición: Muestra la razón de tasas netas ajustadas de asistencia de niñas, en educación básica 1-6, básica 7-9 y media, por discapacidad de la madre, según la ENDESA/MICS, 2019
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
El artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las “personas con discapacidad tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a una atención de salud de la misma calidad y a los mismos servicios de salud que los demás, y los Estados Partes deben adoptar todas las medidas apropiadas para velar por que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. La atención de salud se prestará sobre la base de un consentimiento libre e informado”.
Para conseguir el más alto nivel posible de salud, se tienen que tomar en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona, como los recursos con que cuenta el Estado. Éste es un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro apropiado de alimentos sanos, una nutrición balanceada, vivienda digna, condiciones sanas en el trabajo y el medioambiente y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.
Descripción: Representa el porcentaje de niños menores de 5 años por estado nutricional de acuerdo a tres índices antropométricos, por discapacidad de la madre. Los índices antropométricos incluye el peso para la edad, altura para la edad y peso para la altura. El indicador antropométrico se refieren a niños/as cuyos resultados z para el indicador antropométrico (es decir, el número exacto de desviaciones estándar de la mediana) están debajo de -2 desviaciones estándar (bajo peso moderado y severo, baja talla para la edad o bajo peso para la talla) y -3 desviaciones estándar (bajo peso severo, baja talla para la edad o bajo peso para la talla) de la mediana de los Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS para el mismo indicador antropométrico. La tabla también incluye resultados z para cada indicador antropométrico y el porcentaje de niños/as con sobrepeso, lo cual toma en consideración aquellos niños/as cuyo peso para la altura esté por encima de 2 desviaciones estándar de la mediana de los Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Muestra el porcentaje de niños/as de 3-4 años de edad que están en desarrollo adecuado en los ámbitos de alfabetización; conocimientos numéricos; físico; social-emocional; aprendizaje; y la puntuación del índice de desarrollo en la primera infancia, según discapacidad de la madre.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Representa el porcentaje de mujeres de 18 a 49 años con alguna discapacidad, actualmente casadas o unidas que usan (o su pareja usa) un método anticonceptivo, según la ENDESA/MICS, 2019. Los métodos modernos incluyen la "esterilización femenina y masculina; Dispositivo Intrauterino de Cobre (DIU); inyectables; implantes; pastillas anticonceptivos orales; condón masculino y femenino; y diafragma; espuma. Los métodos tradicionales de anticoncepción incluyen la abstinencia periódica, el retiro y otros métodos".[10]
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Muestra el porcentaje de mujeres de 18 a 49 años sin discapacidad, actualmente casadas o unidas que usan (o su pareja usa) un método anticonceptivo, según la ENDESA/MICS, 2019. Los métodos modernos incluyen la "esterilización femenina y masculina; Dispositivo Intrauterino de Cobre (DIU); inyectables; implantes; pastillas anticonceptivos orales; condón masculino y femenino; y diafragma; espuma. Los métodos tradicionales de anticoncepción incluyen la abstinencia periódica, el retiro y otros métodos".[10]
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
De igual manera, la Convención parte del reconocimiento del “derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás”, por lo que demanda a los Estados parte la adopción de medidas incluida la promulgación de la legislación respectiva, las cuales constituyen salvaguardas para el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo.
Además, en su artículo 9, concede extraordinaria importancia a la accesibilidad adecuada para las personas con discapacidad en los lugares de trabajo, incluida la provisión de ajustes razonables, cuya denegación considera una forma de discriminación.
En el Convenio No. 159 de la OIT, se prevé el compromiso de formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas con discapacidad.
Descripción: Representa el porcentaje de niños de 5 a 17 años con discapacidad, de acuerdo a su participación en actividades económicas o en tareas domésticas y niños involucrados en trabajo infantil durante la última semana al momento del levantamiento de información, según la ENDESA/MICS, 2019. En esta gráfica no se incluyen condiciones de trabajo peligrosas. Igualmente, "el numerador para estimar el porcentaje de niños en trabajo infantil incluye a los niños de 5 a 17 años que participaron durante la semana anterior a la encuesta en actividades económicas o tareas domésticas por encima de los umbrales para la edad específica".
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Representa el porcentaje de niños de 5 a 17 años que tienen su madre con discapacidad, de acuerdo a su participación en actividades económicas o en tareas domésticas y niños involucrados en trabajo infantil durante la última semana al momento del levantamiento de información, según la ENDESA/MICS, 2019. En esta gráfica no se incluyen condiciones de trabajo peligrosas.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Con relación a la seguridad social, la Observación No. 5 recomienda a los Estados prestar apoyo en materia de ingresos a quienes, debido a su discapacidad, no encuentren empleo, así como a los familiares, generalmente mujeres, que se dedican a cuidar a una persona con discapacidad.
El artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos menciona que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”
El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define la discriminación por motivos de discapacidad como “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”
Igualmente, los estados que son parte de la Convención deben además de comprometerse a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. Deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes. Igualmente, tomar medidas pertinentes, incluyendo la modificación o derogación de leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.
Descripción: Representa el porcentaje de hombres y mujeres de 15 a 49 años de edad que en los últimos 12 meses del levantamiento de la información, se han sentido discriminados(as) o acosados(as) y aquellos(as) que no se han sentido discriminados(as) ni acosados(as), según la ENDESA/MICS, 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Muestra el porcentaje de hombres de 15 a 49 años de edad que en los últimos 12 meses del levantamiento de la información se han sentido discriminados o acosados por su discapacidad, por departamento, según la ENDESA/MICS, 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Muestra el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que en los últimos 12 meses del levantamiento de la información se han sentido discriminadas o acosadas por su discapacidad, por departamento, según la ENDESA/MICS, 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Muestra el porcentaje de mujeres y hombrtes de 15 a 49 años de edad que en los últimos 12 meses del levantamiento de la información se han sentido discriminados(as) o acosaos(as) por su discapacidad, por rangos de edad, según la ENDESA/MICS, 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Muestra el porcentaje de mujeres y hombrtes de 15 a 49 años de edad que en los últimos 12 meses del levantamiento de la información se han sentido discriminados(as) o acosaos(as) por su discapacidad, por nivel educativo, según la ENDESA/MICS, 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
Descripción: Muestra el porcentaje de mujeres y hombrtes de 15 a 49 años de edad que en los últimos 12 meses del levantamiento de la información se han sentido discriminados(as) o acosaos(as) por su discapacidad, por pueblo indígena y afrohondureños, según la ENDESA/MICS, 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) 2019.[10]
El articulo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que “los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.”
Asimismo, menciona que el “fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.”
Honduras, incorporó en la agenda pública del país los objetivos y metas de la Agenda 2030, en el momento en que suscribió el compromiso de adoptar la misma, en el marco del Sistema de las Naciones Unidas (SNU). Posteriormente, se ha procedido a la formulación de la AN-ODS, en el cual se definen los objetivos, indicadores y metas, que son prioritarios para el país.
Algunos temas y derechos relacionados son los siguientes:
Pobreza; reducir las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; derecho al medio ambiente; derecho a la justicia; paz e instituciones sólidas; derecho a la salud; derecho a la educación; derecho al trabajo; crecimiento económico; e igualdad de género.
El siguiente gráfico muestra la cantidad de acciones de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PP-PNADH) sobre personas con discapacidad y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Fuente: Secretaría de Derechos Humanos (SEDH). Vinculación PP-PNADH; Recomendaciones internacionales de DDHH y ODS.[10]
El diseño e implementación de la “Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos en Honduras”, responde al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado de Honduras en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, y en la subsiguiente Declaración y Programa de Acción de Viena.
El artículo 87-D del Decreto Ejecutivo PCM-055-2017, establece que, es competencia de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) el “promover, coordinar, formular, monitorear, seguir, evaluar y actualizar la ejecución de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PP-PNADH)”.
En ese sentido, desde la SEDH evalúa la necesidad de mostrar a través de un sistema informático la interacción e interdependencia entre las diferentes variables y actores relacionados a los derechos humanos, permitiendo reportar el avance progresivo como una forma de transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, se pretende evidenciar información actualizada a nivel del territorio y desagregada por poblaciones en condición de vulnerabilidad; permitiendo así, asesorar con enfoque en derechos humanos a los demás poderes del Estado en base al acontecer nacional y las brechas latentes para la garantía de los derechos humanos.
