El derecho de acceso a la justicia es un derecho complejo, o un conglomerado de derechos. En su faceta de tutela judicial efectiva permite a toda persona, independientemente de su origen social, posición económica o cualquier otra condición, acceder a los órganos jurisdiccionales para ejercer o defender sus derechos o intereses legítimos, o para resolver los conflictos de los que sea parte, tener una resolución mediante un procedimiento oportuno, sencillo, rápido y efectivo y que esa resolución se cumpla sin tardanza.
También este derecho fundamental, es un instrumento para la protección y el ejercicio de los demás derechos humanos. Este rol resulta particularmente relevante con relación al derecho a la verdad, el cual, como lo han reconocido ya varios órganos de los sistemas internacionales de protección, constituye, junto con la justicia, la memoria y la reparación, uno de los pilares de la lucha contra la impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos.
Algunos temas específicos relacionados con el acceso a la justicia son:
Juicio imparcial
Igualdad ante los tribunales y cortes de justicia
Garantías Judiciales
Protección Judicial
Garantías y procedimientos especiales
Recurso efectivo
Credito de la foto: Poder Judicial (PJ)
Marco legal internacional
Declaración Universal de los Derechos Humanos[6]
Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en que Viven[7]
Declaración de los Derechos del Retrasado Mental[8]
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[9]
Convención sobre los Derechos del Niño[10]
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial[11]
Convención Americana sobre Derechos Humanos[12]
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes[13]
Observación General número 32 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas[14]
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[15]
El Comité de Derechos Humanos señala en el articulo 14 de la Observación General Número 32 que “el derecho a… un juicio imparcial es un elemento fundamental de la protección de los derechos humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley. El artículo 14 del Pacto tiene por objeto velar por la adecuada administración de la justicia y, a tal efecto, garantiza una serie de derechos específicos".
En la Resolución 42/22 sobre detención arbitraria aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, entre otras obligaciones, alienta a los Estados a "respetar y promover el derecho de toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal a ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad."
Definición: Representa la cantidad de ingresos y resoluciones que registraron los Juzgados de Letras de lo Penal a Nivel Nacional en el periodo 2018-2022 según tipo de delito. Durante el año 2022 ingresaron 144 casos de delitos contra la vida, de los cuales el 56% fueron homicidios, 23% asesinatos, 13% femicidios y 8% parricidios. Por otra parte, se lograron 107 resoluciones.
Fuente: Poder Judicial (PJ). Base de Datos de la Unidad de Estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ)
Definición: Representa la cantidad de ingresos y resoluciones que registraron los Juzgados de Letras de lo Penal a Nivel Nacional en el periodo 2018-2022 por departamento. Cabe mencionar que durante el año 2022, el 51% de los ingresos fueron en los juzgados de Cortés y Francisco Morazán y el 41% de las resoluciones en los mismos departamentos.
Según el Poder Judicial, los casos en donde las resoluciones son mayor cantidad de ingresos se debe a que los jueces resuelven y caducan expedientes que ingresaron en años anteriores.
Fuente: Poder Judicial (PJ). Base de Datos de la Unidad de Estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ)
Definición: Muestra la cantidad de resoluciones que registraron los Juzgados de Letras de lo Penal a nivel nacional en el periodo 2018-2022 según tipo de resolución. En el año 2022, del total de las resoluciones, 33% terminó con una sentencia condenatoria por procedimiento abreviado.
Según el Poder Judicial, los casos en donde las resoluciones son mayor cantidad de ingresos se debe a que los jueces resuelven y caducan expedientes que ingresaron en años anteriores.
Fuente: Poder Judicial (PJ). Base de Datos de la Unidad de Estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ)
Definición: Muestra la cantidad de ingresos y resoluciones en el periodo 2018-2022 que registran los Tribunales de Sentencia a Nivel Nacional. Durante el año 2022 ingresaron, incluyen los delitos de Actos de Lujuria, Estupro, Explotación Sexual, Hostigamiento Sexual, Incesto, Proxenetismo, Rapto, Trata de Personas y Violación.
Según el Poder Judicial, los casos en donde las resoluciones son mayor cantidad de ingresos se debe a que los jueces resuelven y caducan expedientes que ingresaron en años anteriores.
Fuente: Poder Judicial (PJ). Base de Datos de la Unidad de Estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ)
Definición: Muestra la cantidad de ingresos y resoluciones por delitos sexuales a mujeres que registraron los Tribunales de Sentencia a Nivel Nacional en el periodo 2018-2022. Cabe mencionar que estos incluye los delitos de violación, actos de lujuria, estupro, explotación sexual, hostigamiento sexual, rapto, incesto, proxenetismo y trata de personas.
Según el Poder Judicial, los casos en donde las resoluciones son mayor cantidad de ingresos se debe a que los jueces resuelven y caducan expedientes que ingresaron en años anteriores.
Fuente: Poder Judicial (PJ). Base de Datos de la Unidad de Estadísticas del Centro
Definición: Representa la cantidad de ingresos y resoluciones en el periodo 2018-2022 por tipo de delito que registran los Juzgados de Letras en Materia de Violencia Doméstica. Durante el año 2022 ingresaron 6,650 casos y 7,255 resoluciones.
Según el Poder Judicial, los casos en donde las resoluciones son mayor cantidad de ingresos se debe a que los jueces resuelven y caducan expedientes que ingresaron en años anteriores.
Fuente: Poder Judicial (PJ). Base de Datos de la Unidad de Estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ)
Definición: Representa la cantidad de ingresos y resoluciones en el periodo 2018-2022 por tipo de delito que registran los Juzgados de Paz en Materia de Violencia Doméstica. Durante el año 2022 ingresaron 9,308 casos y 8,920 resoluciones.
Según el Poder Judicial, los casos en donde las resoluciones son mayor cantidad de ingresos se debe a que los jueces resuelven y caducan expedientes que ingresaron en años anteriores.
Fuente: Poder Judicial (PJ). Base de Datos de la Unidad de Estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ)
El Comité de Derechos Humanos en su artículo 14 de la Observación General Número 32 menciona que “el derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia garantiza, en términos generales, además de los principios mencionados en la segunda oración del parrafo 1 del artIículo 14, los principios de igualdad de acceso e igualdad de medios procesales, y asegura que las partes en los procedimientos en cuestión sean tratadas sin discriminación alguna."
Asimismo, este derecho implica la igualdad ante las cortes de justicia, en donde los ciudadanos deben poder gozar “independientemente de la nacionalidad o de la condición de apatrida, como los demandantes de asilo, refugiados, trabajadores migratorios, niños no acompañados y otras personas que puedan encontrarse en el territorio o sujetas a la jurisdicción del Estado Parte.”
El artículo número 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo aborda el derecho a garantías judiciales, estableciendo los siguientes criterios:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…
La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
El articulo 25 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”
En ese sentido, los Estados Partes se comprometen a:
Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso
Desarrollar las posibilidades de recurso judicial
Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso
Adicionalmente, el derecho a la justicia se encuentra contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño cuyo artículo 40 se refiere a las garantías y procedimientos especiales que habrán de seguirse en el caso de adolescentes en conflicto con la ley.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos en su Observación General Número 17 sobre los derechos del niño menciona que "todo niño, debido a su condición de menor, tiene derecho a medidas especiales de protección.”
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo número 8 establece que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos en su Observación General Número 32 pone de ejemplo que cuando una persona… carezca de medios suficientes para sufragar el costo de la asistencia jurídica necesaria para interponer ese recurso, el Estado debe suministrar la asistencia jurídica de conformidad con el derecho a un recurso efectivo.
Honduras, incorporó en la agenda pública del país los objetivos y metas de la Agenda 2030, en el momento en que suscribió el compromiso de adoptar la misma, en el marco del Sistema de las Naciones Unidas (SNU). Posteriormente, se ha procedido a la formulación de la AN-ODS, en el cual se definen los objetivos, indicadores y metas, que son prioritarios para el país.
Derechos humanos relacionados
Derecho a la vida, la libertad y seguridad personal [UDHR art. 3; ICCPR arts. 6(1), 9(1); ICPED art. 1]]. Derecho de acceso a la justicia y al debido proceso [UDHR arts. 8, 10; ICCPR arts. 2(3), 14-15; CEDAW art. 2(c)]. Derecho a la personalidad jurídica [UDHR art. 6; ICCPR art. 16; CRPD art. 12].
El siguiente gráfico muestra la interrelación que existe entre el derecho a la justicia y otros derechos contemplados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo a la cantidad de acciones de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PP-PNADH).
Algunos temas o derechos interrelacionados son: Paz e instituciones sólidas; igualdad de género; reducción de desigualdades; fin de la pobreza; educación; salud; trabajo; entre otros.
Fuente: Secretaría de Derechos Humanos (SEDH). Vinculación PP-PNADH; Recomendaciones internacionales de DDHH y ODS.[16]
El diseño e implementación de la “Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos en Honduras”, responde al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado de Honduras en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, y en la subsiguiente Declaración y Programa de Acción de Viena.
El artículo 87-D del Decreto Ejecutivo PCM-055-2017, establece que, es competencia de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) el “promover, coordinar, formular, monitorear, seguir, evaluar y actualizar la ejecución de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PP-PNADH)”.
En ese sentido, desde la SEDH evalúa la necesidad de mostrar a través de un sistema informático la interacción e interdependencia entre las diferentes variables y actores relacionados a los derechos humanos, permitiendo reportar el avance progresivo como una forma de transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, se pretende evidenciar información actualizada a nivel del territorio y desagregada por poblaciones en condición de vulnerabilidad; permitiendo así, asesorar con enfoque en derechos humanos a los demás poderes del Estado en base al acontecer nacional y las brechas latentes para la garantía de los derechos humanos.
