Cooperación Externa

El acceso a la salud representa un derecho universal inherente a todas las personas, siendo el Estado el responsable de proveer dicho acceso, teniendo por ende la capacidad de respuesta a las necesidades en salud de todos y todas y también la capacidad de adaptación frente a cualquier emergencia que pueda afectar al territorio nacional.

La emergencia sanitaria por COVID-19 que se instaló en el territorio nacional sumado además a las inundaciones y desastres naturales ocasionados por las tormentas tropicales ETA/IOTA, puso de manifiesto y remarcaron las brechas existentes en el sistema de salud pública del país y su capacidad de respuesta a la población. La prestación de servicios de salud que la SESAL ofrece a los usuarios se vio afectada y los compontes de algunos de los programas de igual manera, unos en mayor medida que otros, entre estos componentes se encuentran planificación familiar, vacunación PAI, enfermedades transmisibles y no transmisibles, sin olvidar mencionar el elevado número de casos de personas con necesidades de intervención en salud mental secundario a las situaciones antes mencionadas.

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El estudio sobre discriminación racial se realizó con la asistencia técnica del Observatorio de Derechos Humanos (ODH) en conjunto con las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) y el acompañamiento de el Proyecto de Unidos por la Justicia, que tiene el propósito unificar esfuerzos para el fortalecimiento institucional de los sectores de justicia, derechos humanos y seguridad.

Este estudio se realiza como el primer pilotaje de trabajo conjunto del ODH con las OSC, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas (app móvil y sitio web), con el objetivo de disponer de evidencia para proponer y desarrollar leyes, políticas públicas y programas que busquen la realización progresiva de los derechos humanos.

En ese sentido, se han elaborado una seria de actividades enmarcadas en 3 fases del Plan de Trabajo del Estudio sobre Discriminación Racial. Es importante mencionar que estas actividades se han realizado y validado con representantes de 30 organizaciones priorizadas en los municipios de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y Tela.

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